Algunas políticas públicas que emergieron del debate.

Se plantea que un mayor nivel de exigencia en el ingreso a la carrera de pedagogía se asocia a un mejor desempeño futuro, por lo que se considera urgente cumplir los estándares legales vigentes, aunque con una implementación gradual. Esta reforma debe ir acompañada de una mejora en las condiciones laborales, incorporando incentivos que vayan más allá de lo económico, con énfasis en el bienestar, la salud mental y el equilibrio entre vida personal y profesional.

Teniendo en cuenta experiencias exitosas, se destaca la necesidad de una política orientada a fortalecer las capacidades institucionales de las universidades que forman docentes. Las mallas curriculares siguen un enfoque excesivamente teórico, sin preparar a los futuros docentes para enfrentar desafíos como la convivencia escolar, las necesidades educativas especiales o el desarrollo de habilidades socioemocionales. Ante este escenario, se propone fortalecer las prácticas tempranas en aula y establecer sistemas de acompañamiento permanente para los nuevos profesores, avanzando hacia un modelo de formación continua y aplicado, similar al de la carrera de medicina.

Permitir que profesionales que no hayan estudiado la carrera de pedagogía puedan impartir clases en las aulas puede generar un impacto positivo en la enseñanza, especialmente considerando que las nuevas generaciones tienen una visión más flexible sobre sus trayectorias profesionales y expectativas laborales. Lo anterior es especialmente importante en educación técnico profesional. Este mecanismo debe ir acompañado de programas de habilitación centrados en el desarrollo de habilidades pedagógicas para este tipo de profesores y profesoras.

Se considera fundamental evitar que los mejores docentes abandonen el sistema educativo, lo que requiere establecer incentivos adecuados desde la normativa vigente. Estos estímulos no deben limitarse al ámbito económico, sino alinearse con las expectativas y motivaciones de las nuevas generaciones que hoy ingresan a la universidad. En este sentido, se sugiere revisar experiencias internacionales como la de Alemania, donde existen incentivos atractivos como el acceso a estudios de postgrado y beneficios laborales vinculados al tiempo libre.

Hoy, muchas instituciones que forman a futuros profesores no tienen los estándares necesarios. Proponemos que el arancel de gratuidad en pedagogía sea distinto respecto de aquellas instituciones con más de 4 años de acreditación, elevando así la calidad desde la base. Cabe destacar que esta propuesta no tuvo altos niveles de convergencia ni se le asignó mayor relevancia durante la deliberación.

Para fortalecer el rol docente y garantizar una educación más inclusiva, se propone una reforma legal que establezca la obligatoriedad del PIE en todos los establecimientos educacionales. Esta medida busca asegurar que las escuelas cuenten con los recursos y equipos especializados necesarios para atender de manera adecuada a estudiantes con necesidades educativas especiales, promoviendo su participación activa en el aula regular y apoyando a los docentes en la implementación de prácticas pedagógicas más inclusivas y efectivas.

Se propone que la regulación considere más flexibilidad para que los establecimientos puedan adoptar decisiones de contratación (equipos multidisciplinarios, reemplazos) y en general sobre el uso de los recursos de las subvenciones, adecuadas a sus necesidades propias.  Un ejemplo de decisión orientada en esta línea es el reciente Dictamen 74 de la Superintendencia de Educación, de 15 de mayo de 2025, que habilitó a los sostenedores para destinar recursos de la Subvención Escolar Preferencial en apoyo de párvulos y estudiantes que presentan necesidades educativas especiales.

Se propone una reforma legal que modifique el sistema normativo y fiscalizador establecido en la Ley N° 20.529, con el objetivo de adecuar los modelos de supervisión a las capacidades reales y recursos disponibles en los establecimientos educacionales. Es necesario avanzar hacia un enfoque más formativo y colaborativo en los procesos de fiscalización, considerando como referencia experiencias de otras Superintendencias que han incorporado mecanismos de autorregulación y auto denuncia, los cuales podrían adaptarse al ámbito educativo.

Los profesores pasan gran parte de su jornada en clases, con poco espacio para preparar, evaluar o apoyar a sus estudiantes. Proponemos aumentar las horas no lectivas para darles el tiempo que necesitan fuera del aula. Enseñar bien requiere condiciones que lo hagan posible. Cabe destacar que esta propuesta no tuvo altos niveles de convergencia ni se le asignó mayor relevancia durante la deliberación.

Es necesario avanzar hacia una normativa que regule el desarrollo de una carrera directiva que se alinee con las necesidades de liderazgo en la gestión escolar. Para contar con un buen diseño regulatorio es necesario, por ejemplo: permitir el ingresoa otras profesiones; contar con especialización y formación en habilidades directivas, cómo liderazgo o gestión de conflictos; establecer mecanismos de seguimiento de la trayectoria entre establecimientos; e, implementar mecanismos de reconocimiento y estándares de desempeño.

Hoy se espera que los directores lideren pedagógicamente sus escuelas, pero también que gestionen compras, contratos y presupuestos. Proponemos que la responsabilidad administrativa y financiera recaiga claramente en el sostenedor, liberando a los equipos directivos para enfocarse en lo que más importa: el aprendizaje y bienestar de los estudiantes. Cabe destacar que esta propuesta no tuvo altos niveles de convergencia ni se le asignó mayor relevancia durante la deliberación.

Se requiere promover el crecimiento de las organizaciones educacionales, establecimientos, y equipos que demuestran buenos resultados, generando condiciones para su escalamiento y consolidación dentro del sistema educativo. Para ello, se sugiere una mayor flexibilidad normativa que habilite diversas alternativas razonables, tales como, cambios de equipos directivos, prioridad en solicitudes de reconocimiento oficial asociadas al aumento de matrícula, convenios que permitan entregar funciones de  apoyo o gestión a sostenedores de alto desempeño, e incluso el fortalecimiento del trabajo en red entre escuelas. Esta situación puede ser especialmente relevante en el caso de colegios pequeños, particularmente aquellos que no están considerados dentro de la actual ordenación del sistema.

Es necesario revisar las barreras de entrada vinculadas con la propiedad del inmueble y la necesidad de acreditar demanda insatisfecha para abrir nuevos colegios que cumplan estándares exigentes de calidad, porque no existen buenas razones pedagógicas para mantener la oferta educativa congelada en manos de quienes circunstancialmente eran sostenedores el año 2014, especialmente cuando existe evidencia consistente de bajo desempeño sostenido en el tiempo.

Por otro lado, se plantea regular mecanismos de reemplazo o mejora de sostenedores, mediante apoyo y flexibilidades normativas para aquellos establecimientos de mejor desempeño. En esta línea, se relevó que la normativa debería promover mecanismos cómo las fusiones de establecimientos o los convenios de administración delegada, tanto respecto de establecimientos particulares subvencionados cómo de SLEP.

Se propone establecer regulaciones especiales, que permitan que tanto la subvención general como las subvenciones especiales lleguen efectivamente a todos los estudiantes que las requieren, con especial énfasis en aquellos en situación de alta vulnerabilidad, rezago, ausentismo crónico o riesgo de deserción. Para ello, proponemos regular regímenes especiales que permitan adaptar los procesos de postulación y asignación de subvenciones, garantizando que el sistema pueda responder adecuadamente a la diversidad de necesidades educativas presentes en cada comunidad.

Se planteó la necesidad de crear un sistema que permita proyectar de forma anticipada la demanda del sistema escolar, con el fin de responder adecuadamente a los cambios demográficos que impactan la distribución y matrícula de los estudiantes. Esta herramienta debería ir acompañada de mecanismos que fomenten la adaptación de la oferta para que responda dinámicamente al mismo tiempo a los cambios demográficos/migratorios y a las brechas de calidad en los establecimientos de peor desempeño. Entre otros mecanismos, se debiera considerar la integración, fusión y coordinación entre distintos sostenedores, iniciativas colaborativas entre SLEPs, Municipios y e instituciones educacionales privadas. De esta forma se permite una planificación territorial más eficiente, el uso óptimo de los recursos disponibles y la continuidad educativa de calidad de los estudiantes en contextos de crecimiento o disminución poblacional.

De modo de preparar de mejor manera el sistema educativo para eventos como el que un colegio reciba, de un día para otro, a decenas de nuevos estudiantes migrantes, se propone una subvención especial que se active automáticamente en estos casos, para apoyar al establecimiento y asegurar una integración con calidad y dignidad. Cabe destacar que esta propuesta no tuvo mayor convergencia ni se le asigno alta relevancia durante la deliberación.

Ante la falta de una definición clara del rol de las municipalidades en el nuevo escenario educativo marcado por la introducción de los (SLEP), se propone establecer un plan de transición obligatorio que incluya un aumento en la fiscalización a las municipalidades durante los años previos al traspaso. Esta medida busca asegurar una preparación adecuada y una entrega ordenada de los establecimientos.

Frente a la necesidad de redefinir el rol de las municipalidades en el nuevo marco del sistema educativo público, se propuso permitir que estas puedan impulsar proyectos educativos propios en coordinación con SLEP, y eventualmente con organizaciones educacionales privadas. Esta medida busca aprovechar el conocimiento territorial y la experiencia de los gobiernos locales, promoviendo una colaboración efectiva que enriquezca las respuestas educativas a nivel comunal, sin interferir con la administración centralizada de los establecimientos. Así, se avanzaría hacia una gestión más articulada y contextualizada, fortaleciendo la pertinencia de las iniciativas educativas en cada territorio.

Se propuso asignar a las municipalidades funciones específicas de apoyo en ámbitos no pedagógicos, especialmente en inclusión, bienestar y resguardo de derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de lo establecido por la Ley 21.430. Esta responsabilidad podría canalizarse a través de las Oficinas Locales de la Niñez, fortaleciendo su rol con recursos y coordinación efectiva con los SLEP. La propuesta busca mantener el vínculo de los municipios con la comunidad escolar, para que mantengan y se fortalezca el rol y responsabilidad que ejercen en resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La carga fiscalizadora sobre los establecimientos es excesiva y muchas veces se centra en aspectos formales, restando tiempo al foco pedagógico. Proponemos avanzar hacia un modelo que promueva la autorregulación y la mejora continua, donde los colegios asuman compromisos y la Superintendencia oriente y supervise en lugar de sancionar por defecto. Esto permitiría un uso más eficiente de los recursos públicos y un entorno más propicio para el bienestar y los aprendizajes.

Los colegios deben cumplir con cerca de 3.000 exigencias, muchas de ellas de bajo impacto en la calidad. Proponemos que la Superintendencia revise y jerarquice esas obligaciones, enfocándose en lo esencial. Esto permitiría reducir la burocracia, priorizar lo pedagógico y alinear la regulación con los verdaderos desafíos del sistema educativo.

Las fiscalizaciones de oficio pueden ser útiles, pero requieren criterios claros que las orienten a lo relevante. Proponemos que se establezcan estándares para priorizar estas acciones en función de su impacto en la calidad educativa. Así, se evita una fiscalización desproporcionada y se concentra el esfuerzo estatal en lo que realmente importa.

Dar más responsabilidad a los propios establecimientos puede fortalecer su capacidad institucional. Proponemos pilotos de autoevaluación que permitan a los colegios detectar riesgos y corregirlos oportunamente. Esta herramienta promueve una cultura de mejora, reduce la carga de fiscalización externa y anticipa problemas antes de que se conviertan en sanciones.

Los criterios que utiliza la Superintendencia para seleccionar qué colegios fiscalizar no siempre son claros. Proponemos exigir mayor transparencia en ese proceso, de modo que los sostenedores sepan por qué fueron seleccionados. Esto no solo promueve confianza institucional, sino que también previene arbitrariedades y permite mejorar la preparación de los establecimientos.

Hoy, muchas denuncias llegan directamente a la Superintendencia sin intentos previos de resolución interna. Proponemos que la mediación sea obligatoria antes de iniciar un proceso sancionatorio, especialmente en casos de convivencia escolar. Esto ayudaría a fortalecer los lazos dentro de la comunidad educativa, reducir la judicialización y promover soluciones pedagógicas en lugar de castigos.

Los establecimientos deberían poder corregir ciertos incumplimientos antes de ser sancionados. Proponemos permitir que presenten planes de mejora cuando enfrenten una denuncia, suspendiendo el proceso si las medidas son aceptadas. Esto genera incentivos a la corrección temprana, descongestiona la institucionalidad y reconoce el rol formativo de las comunidades escolares.

La aplicación de sanciones por parte de la Superintendencia puede ser percibida como arbitraria o desproporcionada, porque no hay consecuencias para los procesos mal instruidos. Proponemos establecer reglas claras que limiten esa discrecionalidad y sanciones internas cuando se cometan errores evidentes. Así se fortalece la legitimidad del sistema, se protege a los establecimientos de abusos y se incentiva una fiscalización más rigurosa.

El sistema actual permite denuncias reiteradas e infundadas, lo que desgasta a los equipos directivos. Proponemos crear herramientas que disuadan este tipo de prácticas, como advertencias, registros internos o incluso sanciones en casos de reincidencia. Esto protegería la integridad del proceso y permitiría enfocar los recursos en conflictos reales y significativos.

Hoy todas las denuncias deben ser tramitadas, aunque muchas no tienen fundamentos o podrían resolverse dentro del propio establecimiento. Proponemos que la Superintendencia tenga la facultad expresa de declarar inadmisibles las que no correspondan, lo que permitiría reducir la carga administrativa y fomentar la resolución interna de los conflictos.

Actualmente, la Superintendencia puede emitir normativas sin pasar por controles externos. Proponemos que estas medidas estén sujetas a revisiones técnicas y legales, como una toma de razón o un análisis de impacto regulatorio. Esto evitaría regulaciones excesivas, mal diseñadas o con costos desproporcionados para los colegios.

La regulación educacional es abundante, fragmentada y muchas veces ineficaz. Proponemos encomendar al regulador una revisión profunda de las normas que afectan a los sostenedores, con el objetivo de reducir su volumen, eliminar duplicidades y facilitar su cumplimiento. Así se recupera el foco en lo central y se alivia la carga administrativa de los equipos.

Antes de emitir nuevas obligaciones, es clave escuchar a quienes deberán implementarlas. Proponemos establecer un sistema formal de consulta pública para toda nueva normativa, lo que permitiría anticipar problemas, mejorar el diseño y aumentar la legitimidad de las reglas.

Muchas veces se dictan normativas sin considerar cómo serán aplicadas en contextos diversos. Proponemos que cada nueva norma venga acompañada de modelos, guías o herramientas de apoyo voluntario, especialmente útiles para sostenedores pequeños. Esto facilitaría la implementación y reduciría la dependencia de asesorías externas.

Proponemos que con cada nueva norma se publique un listado claro de los requisitos mínimos exigidos. Esto permitiría que los establecimientos desarrollen sus propios instrumentos con mayor certeza jurídica, evitando excesos innecesarios y centrando los esfuerzos en lo verdaderamente relevante.