El necesario esfuerzo dinamizador debe partir por identificar algunos factores que subyacen a las falencias institucionales y regulatorias en materia de aula, institucionalidad y el rol de los sostenedores.
Ponemos en el debate los siguientes que lograron una alta convergencia:
Existe una preocupación creciente respecto de la baja exigencia para ingresar a las carreras de pedagogía, las que hoy, en muchos casos, reciben a estudiantes con bajo rendimiento académico. A ello se suma que la formación inicial no siempre prepara adecuadamente a los futuros docentes para enfrentar las complejidades actuales del trabajo en aula.
Las condiciones actuales del ejercicio docente son altamente exigentes y, muchas veces, las herramientas insuficientes. Falta formación pertinente a los nuevos desafíos del aula, acompañamiento en los primeros años, las horas no lectivas son limitadas y la estructura de remuneraciones no establece incentivos correctos a la carrera y a inhibir la deserción. Los docentes enfrentan sobrecarga laboral, malos tratos y poca flexibilidad. Aunque la carrera docente ha sido un avance significativo, aún es insuficiente en bienestar, reconocimiento y mejora efectiva de sus condiciones de trabajo.
En Chile, la función de liderazgo escolar sigue dependiendo principalmente de la vocación individual, sin una trayectoria profesional clara, formación continua, reconocimiento profesional, ni condiciones laborales acordes a la responsabilidad del cargo. Actualmente no existe una carrera directiva que defina las prácticas, conocimientos y competencias necesarias para el ejercicio y proyección del liderazgo escolar. En su lugar, existe un conjunto de normativas dispersas e insuficientes, que no abordan las complejidades del rol directivo, limitando su impacto en la mejora educativa.
En los postulantes de pedagogía se mezclan jóvenes con vocación de profesor, jóvenes que no saben que más estudiar y otros para los que pedagogía no fue su primera opción. Hoy sabemos que muchos niños y niñas dependen de la capacidad de sus profesores. No solo para aprender y generar capacidades adaptativas para el mundo actual que cambia a una velocidad impresionante. También porque la escuela es un espacio de cuidado y protección, de acogida y desarrollo socioemocional. Sin embargo, no somos capaces de seleccionar buenos estudiantes. Entran a pedagogía alumnos con bajos puntajes o resultados escolares simplemente porque no nos hemos atrevido a cumplir la ley.
La normativa educacional carece de mecanismos distintos al cierre de establecimientos. Esto impide asegurar que los estudiantes no pasen largos períodos en colegios que no ofrecen una educación de calidad. Si bien el cierre de colegios puede ser una medida adecuada en casos extremos e irreversibles, en otras situaciones puede resultar contraproducente, especialmente en zonas donde no hay otras alternativas viables. Por otra parte, el marco regulatorio debiera habilitar acciones tempranas y de distinta índole que puedan generar caminos de recuperación que resguarden el derecho a una educación de calidad para todos los niños, niñas y adolescentes.
Los cambios demográficos que está experimentando nuestro país, producto del fenómeno migratorio y de la baja en la tasa de natalidad, sumados a las brechas de calidad que se vienen acumulando por largo tiempo, están tensionando la oferta educativa en términos de acceso y calidad. El sistema no ha logrado adaptarse con la suficiente agilidad para responder al dinamismo de la demanda por educación y a la necesidad de cerrar las brechas de aprendizaje, lo que impacta especialmente a las comunidades escolares en sectores vulnerables. Sin una planificación efectiva, políticas focalizadas y, en términos generales, un marco regulatorio e institucional que habilite la adaptación del sistema escolar, se pone en riesgo su funcionamiento.
La ausencia de definición del rol y responsabilidades de las municipalidades en el ámbito educativo ha generado confusión en el contexto del proceso de desmunicipalización impulsado por la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (Ley 21.040). Esta indefinición ha dificultado la coordinación entre actores territoriales y ha debilitado la gobernanza del sistema, especialmente en la etapa de transición en la que se encuentra.
Una escuela es calificada en 2022 con desempeño insuficiente. Esto es, que los niños que allí estudian no están recibiendo educación de calidad. Lo mismo pasa el 2023, y el 2024, y el 2025. Sin embargo, esa escuela sigue ahí y esos niños siguen yendo al mismo colegio. No existen escuelas nuevas que pueden tener mejor desempeño y las que existen y lo hacen mejor no pueden ampliar su matrícula. El sistema como está no pone la mejora de la educación de los niños y la equidad del sistema en el centro… Al menos no la de aquellos que están expuestos a un permanente desempeño insuficiente.
La Ley N° 20.529 encargó a la Superintendencia de Educación fiscalizar que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado cumplan con la normativa educacional y con la legalidad en el uso de los recursos públicos que reciben. Se advierten al menos dos consecuencias preocupantes: a) en el marco de programas instruidos por la propia superintendencia se realizan miles de fiscalizaciones y se aplican sanciones por incumplimientos de bajo impacto en la calidad educativa; b) existe un aumento relevante en la cantidad de procesos y la carga burocrática de los procedimientos administrativos vinculados, restando tiempo significativo a equipos pedagógicos y de convivencia.
La Superintendencia de Educación recibe las denuncias y reclamos presentados por miembros de la comunidad educativa u otros interesados referidos a eventuales infracciones a la normativa educacional. Según datos del propio organismo, se ha producido un aumento significativo de denuncias vinculadas a problemas de convivencia escolar.
Este incremento sostenido refleja una creciente tendencia a externalizar la resolución de conflictos escolares, lo que no solo aumenta la carga administrativa, sino que también debilita el rol de la escuela como espacio garante de derechos. Esta dinámica instala una lógica adversarial entre familias y establecimientos, erosionando la confianza necesaria para construir comunidad.
Según el buscador normativo de la Superintendencia de Educación, los establecimientos educacionales deben cumplir con 2.944 obligaciones de origen legal, reglamentario o administrativo. Más allá de constituir una evidente sobrecarga, esta fragmentación y densidad normativa dificulta el cumplimiento efectivo por parte de los equipos directivos y limita su capacidad para enfocarse en los aspectos pedagógicos y en las decisiones más relevantes para el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
De esta manera la normativa termina por orientar la gestión escolar hacia el cumplimiento inmediato de obligaciones, en lugar de fomentar el desarrollo de capacidades institucionales y estrategias sostenibles para abordar sus desafíos más importantes.
El equipo directivo de un colegio se enfrenta a desafíos gigantescos: dificultades de aprendizaje y cada vez más intensamente de convivencia escolar. También entornos familiares y sociales de violencia mucho más frecuentes, que reproducen esas conductas en la escuela. Además, distintos diagnósticos que requieren de atención especial. Sin embargo, su foco no está en los niños. Su atención es capturada por requerimientos permanentes de formularios y preguntas de la autoridad fiscalizadora, por denuncias y reclamos de padres, madres y apoderados, y por conflictos familiares que pretenden resolverse en el colegio. Lo que podríamos llamar la burocracia o permisología educativa.
Cuéntanos historias cotidianas que muestren los problemas que se viven en materia de aula, institucionalidad y sostenedores.
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