Algunas Políticas Públicas que emergieron del debate.

Se propone un régimen integral de empleo público, que regule el ciclo laboral de los funcionarios en el Estado desde su selección – pasando por su desarrollo, capacitación, evaluación y movilidad –  hasta su desvinculación. Un régimen que garantice procesos transparentes y meritocráticos, promoviendo la profesionalización y el buen desempeño en el sector público. Velará porque se promueva la movilidad dentro de las reparticiones del estado para los funcionarios bien evaluados, tanto dentro de una repartición pública a partir de promociones y ascensos, como de forma horizontal entre reparticiones, con miras a permitir aprendizajes inter-institucionales.

Finalmente, deberá permitir la existencia de regímenes especiales según la naturaleza de las funciones y las responsabilidades de ciertos organismos específicos, asegurando espacios de flexibilidad que incentiven la eficacia del accionar estatal, cuando las circunstancias específicas así lo exigen.

Este estatuto delimitará claramente quiénes son funcionarios de confianza política de los gobiernos, cuáles son sus responsabilidades y cuál es el régimen laboral que les aplica a este tipo de funcionarios dentro del Estado.

Junto con esto establecerá de forma clara su carácter excepcional, con las aplicaciones prácticas que esta excepcionalidad acarrea. Además, se hace necesario reconfigurar la causal de “pérdida de confianza” en los funcionarios nombrados por Alta Dirección Pública,  de manera de que no se mal utilice por criterios políticos considerando que la estabilidad y continuidad de sus funciones debe ser la regla general, en la medida que estos funcionarios cumplan con sus responsabilidades adecuadamente.

La creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad ha sido reconocida de forma transversal como un avance en materia de evaluación, especialmente aquella de carácter ex post. Por lo mismo se hace necesario consolidar este avance a través de un estatuto legal propio que refuerce su autonomía y la empodere en su rol de evaluación de impacto de políticas públicas ya implementadas.

Esto permitiría mejorar de forma sustantiva la eficiencia del gasto público y la eficacia de políticas públicas ya implementadas y por implementar, brindando herramientas objetivas y mejor información para la toma de decisiones y la mejora continua de la gestión estatal.

Esquemas legales y contractuales claros que establezcan las competencias a transferir y las capacidades y recursos, tanto financieros como humanos asociados a las competencias transferidas a los gobiernos regionales y municipales. Se deberá contemplar mecanismos de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas que permitan que esta descentralización sea al mismo tiempo efectiva y responsable, y que se traduzca en mejor calidad de vida en los gobiernos locales y subnacionales y no en un poder exento de fiscalización y control para caudillos locales.

Se necesita una regulación homogénea básica para aquellos órganos que la ley establece como autónomos del Ejecutivo. Al menos una regla general en lo que se refiere a cómo se estructura su gobernanza, reglas de control, designación y remoción de sus directores, rendición de cuentas, y adaptaciones que excepcionalmente puede establecer la ley de cada uno, entre otras materias.

Aquellas reformas legales que tengan un impacto directo en los gobiernos comunales o regionales debieran estar sujetas a un procedimiento de consulta, en términos similares a lo que hoy ocurre con propuestas de reforma que afectan al Poder Judicial.

Es imprescindible contar con un Servicio Civil fuerte y autónomo que opere en la práctica como la “Dirección de Recursos Humanos” del Estado. Para ello se requiere una gobernanza fuerte que proteja a esta institución de las presiones de la política, y que permitan que este institución sea la que verifique la necesidad de nuevas contrataciones, otorgue pautas que se deben seguir para contrataciones y supervise las decisiones de desvinculación, entre otras funciones.

Es fundamental fortalecer su autonomía institucional, ampliar su alcance a niveles intermedios y municipios, y reforzar los mecanismos de selección y evaluación de desempeño. Esto incluye la implementación de evaluaciones más exigentes con consecuencias efectivas, la creación de un banco de talentos para agilizar procesos y reducir discrecionalidad, y la publicación de métricas de desempeño para mayor transparencia.

• Dotaciones de los gobiernos regionales en función de la complejidad de la realidad territorial
• Una entidad de capacitación permanente para los funcionarios públicos como el instituto inglés que se llama el Civil Service College.
• Un proceso de descentralización asimétrica a nivel de ciudades a través de contratos por ciudad, como se hizo en Londres que hizo su primer contrato de Autoridad Metropolitana el año 2000

— Claudio Orrego

• Necesidad de un programa de modernización municipal.
• Reformar el empleo público a nivel municipal. Ejemplos: El programa Lazos de Prevención del Delito tiene sus profesionales contratados en el municipio. El Programa de Desarrollo Social de la Subsecretaría de Niñez tiene sus profesionales contratados en el municipio, cada uno con distintos tiempos, distintos sueldos. Un abogado de uno de los programas gana muy distinto que de un programa de interior distinto que un programa de desarrollo social, un psicólogo.

— Carol Bown

• Definir correctamente un Centro de Gobierno y no multiplicar los ministerios diluyendo su poder.

— Alvaro Fisher

• Necesidad de la existencia de un mecanismo para dar una formación mínima a quienes ejercen cargos de autoridad como se les exige a los directores de empresas.
• Un sistema de integración de datos del Sector Público

— Claudia Bobadilla

• Cisma entre lo que se quiere hacer y lo que realmente se llega a hacer.
• Establecer objetivos claros y accountability en la implementación.

— Manola Sánchez

Implementar un umbral electoral que aumente las barreras de entrada para que nuevos partidos puedan tener representación parlamentaria. Esto debiese tener como contrapartida directa la reducción de partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, generar incentivos para la fusión de partidos existentes y un desincentivo para la creación de nuevos partidos políticos que no tengan diferencias programáticas relevantes con la oferta política existente.

Una medida como esta podría contribuir a reducir la fragmentación política, lo que a su vez debería reducir la fragmentación y facilitar las negociaciones y formaciones de acuerdos. La nueva regulación de bancadas parlamentarias propende a incentivar su acción colectiva.

Utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación, garantizar la representatividad de las organizaciones intermedias que participen, procesar la gestión de información de forma masiva y generar una verdadera colaboración entre la ciudadanía y los tomadores de decisiones.

Esto permitiría avanzar hacia una democracia cuyo foco no sea únicamente la eficacia, sino también la inclusividad y participación de la ciudadanía, fortaleciendo la confianza entre las personas y sus instituciones.

Crear una oficina especial en el Congreso Nacional, que apoye técnicamente a los parlamentarios y reduzca la asimetría técnica que hoy existe entre el Ejecutivo y el Legislativo como colegisladores y formuladores de políticas públicas.

Con esto se podría avanzar hacia un diseño más informado y efectivo de las leyes, que eche mano a la mejor información disponible y eleve el nivel de los debates legislativos. Además, no sólo mejoraría la calidad de la legislación, sino que se recuperaría  la confianza en el Congreso Nacional como espacio de toma de decisiones.

Establecer criterios más estrictos para la formación de partidos políticos, tanto a nivel del número de firmas exigidas, como en lo que se refiere al fomento de proyectos políticos integrales, con presencia nacional y arraigo territorial. Esto permitiría no solo reducir la fragmentación, sino que avanzar hacia un sistema político más representativo, responsable y de mejor calidad.

Es fundamental aumentar el estándar que se exige a nuestros representantes, para lo cual las instancias internas en el Congreso Nacional de control ético deben ser regladas y mejoradas. Junto con esto la rendición de cuentas de los parlamentarios debiese ser obligatoria y sujeta a reglamentación.

Con miras a mejorar la relación entre Ejecutivo y Legislativo en la definición de la agenda legislativa, se hace fundamental que el Presidente de la República cada año pueda priorizar un número acotado de proyectos de ley, los que deben despacharse dentro de ese año legislativo.

Los pactos y sub pactos electorales son una de las principales fuentes de fragmentación en el Congreso Nacional, por cuanto facilitan la creación de partidos pequeños que van en alianza con muchos otros y pueden beneficiarse de los partidos grandes para obtener algunos pocos escaños y asegurar representación parlamentaria. Limitarlos permitiría incentivar las fusiones de partidos y aumentar los costos para partidos pequeños de ir a competir en las elecciones parlamentarias.

• Construir un indicador de Rentabilidad Social ciudadano, es decir, que el proyecto no solamente venga con la validación técnica del ingreso o con la validación política del alcalde, sino que tenga al menos el requerimiento de tener una participación ciudadana.

— Claudio Orrego

• Reducir el financiamiento público a estas nuevas instituciones que demuestren un cierto rendimiento en la receta de representación para aspirar a ello.
• Si queremos reducir fragmentación, una herramienta clave son los pactos electorales en la historia de Chile lo demuestra entre fines de los 50 y principios de los 60.
• A los independientes hay que tolerarlos en el sistema político, pero no hay que incentivarlos de manera alguna. Mecanismos exigentes para el acceso de los independientes a cargos de poder.

— Lucas Sierra

• En un régimen de gobierno presidencialista, si no hay gobierno en las regiones o si la representación del presidente en las regiones es débil, hay una sensación de abandono y de inexistencia de la capacidad de dar soluciones desde ese nivel. Para eso es necesaria un empoderamiento de la toma de decisiones a nivel local.
• Mayores participaciones de las organizaciones sociales en la toma de decisiones.

— Constanza Schonhaut

• Medidas para evitar que la demanda por la inmediatez absorba el necesario balance y chequeo de la burocracia.

— Juan Manuel Santa Cruz

Crear tribunales especializados en la ejecución de penas, que garanticen una adecuada separación entre los roles de reinserción y sanción.

Asimismo, la segmentación de la población privada de libertad permitirá una mejor administración penitenciaria y mayor justicia en el cumplimiento de las penas, favoreciendo la rehabilitación y la integración social.

Crear una Comisión de Nombramientos que garantice procesos de selección transparentes y meritocráticos para los jueces.

Con esto se podría distanciar las labores administrativas de aquellas ligadas directamente a la labor jurisdiccional del Poder Judicial. Esto fortalecerá la independencia judicial y la confianza ciudadana en un sistema de justicia que está cada vez más tensionado y criticado.

Reformar la acción de protección para redirigir las contiendas judiciales a sus procedimientos naturales, descomprimiendo la sobrecarga que produce el abuso de la acción de protección como instrumento para resolver conflictos de otra índole.

Esto permitirá que los casos sean tramitados de manera más eficiente y especializada, reducirá la incertidumbre de que conflictos especializados se conozcan bajo un prisma constitucional, mejorando el acceso a la justicia y garantizando una resolución más adecuada para cada tipo de conflicto. Esto debe ir acompañado de la consagración de acciones, procesos y orgánicas administrativas que se hagan cargo de los conflictos que actualmente se canalizan a través de este tipo de acciones.

Crear un servicio nacional que facilite el acceso a la justicia y proteja a las víctimas de delitos, asegurando una asistencia jurídica integral y gratuita. Esto permitirá fortalecer la equidad en el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables, y garantizará una atención adecuada y oportuna a las víctimas.