Reforma política para una mejor democracia

El Senado discute una reforma al sistema político que ingresó en noviembre del año pasado y que ha suscitado un relevante interés, con hinchas y detractores transversales, tanto así que en una primera discusión en la sala no pudo despacharse y se solicitó una segunda que, al parecer, se daría la próxima semana.

El objetivo es buscar un sistema que equilibre la representación política diversa de distintas voces y sectores de nuestro país así como un marco que promueva la gobernabilidad de las importantes reformas y preocupaciones que demanda la ciudadanía (pensiones, seguridad, salud, crecimiento económico, desarrollo humano, transparencia e integridad, entre muchos relevantes temas que nuestra democracia debe procesar y resolver). Así, no hay una sola bala de plata ni se trata de una ciencia exacta, razón por la cual, hay diversas propuestas sobre la mesa.

Se trata de un tema que puede ser un poco lejano a ratos para la ciudadanía, que desconfía profundamente del Congreso y los partidos políticos, o que puede ponerse muy técnico -y como se ha dicho, poco “sexy”- pero que es clave para la sostenibilidad y profundización democrática.

Es cosa de darse una vuelta por importantes estudios como Latinobarometro, el Estado Global de la Democracia de Idea Internacional y el Índice de Democracia de la EIU para percibir que se trata de un sistema que se encuentra tensionado e, incluso, cuestionado en su capacidad de cumplir con sus promesas: igualdad ante la ley, garantizando derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Así, por ejemplo, en el informe del año 2024 de Idea Internacional, se señala que “Los países que experimentan un retroceso neto superan con creces a los que registran avances. Aproximadamente uno de cada cuatro países avanza, mientras que cuatro de cada nueve empeoran”, de este modo, a los descensos en los contextos más débiles, también se ha observado que en países con un alto rendimiento democrático de todas las regiones han sufrido un deterioro significativo, especialmente en Europa y América.

Latinobarometro trae una buena noticia, por su parte, hay un aumento importante del apoyo a la democracia comparado con la versión anterior, de un 48% a un 52%, sin embargo, no es para descorchar champaña que poco más de la mitad de las personas le otorgue su apoyo. En nuestro país cuenta con mayor adhesión, subiendo de un 58% a un 61%.

En la recientemente publicada Encuesta de Percepción y Valoración de la Democracia de la UDP, por el contrario, aumenta el número de personas que cree que, en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático -de un 24% a un 31%- entre septiembre y diciembre del año pasado.

La valoración de los partidos políticos no es precisamente buena con un importante número de personas que cree que se enfocan en buscar cargos para sus miembros (86%) y que no funcionan bien (88%). A pesar de esto, un no despreciable 61% cree que éstos son indispensables para la democracia.

Para contribuir con lo anterior, el think tank Pivotes convocó a 21 personas con diversas trayectorias y afinidades políticas para sentarnos a conversar, deliberar y acordar un diagnóstico en temas relevantes en una iniciativa denominada “Hagámonos Cargo”, con foco en el estado, la política y la justicia. Así, se acordó ciertos factores de diagnóstico y propuestas asociadas que, si bien no fueron consensuadas de manera unánime y hubo diferencias en algunas de ellas, constituyeron un trabajo de priorización y discusión de muy buen nivel.

Así, en relación al sistema político, surgieron con bastante apoyo propuestas como:

• Implementar un umbral electoral que aumente las barreras de entrada para que nuevos partidos puedan tener representación parlamentaria; generar incentivos para la fusión de partidos existentes.
• Una nueva regulación de bancadas parlamentarias que propenda a incentivar su acción colectiva; institucionalizar la participación de la ciudadanía y de las organizaciones intermedias en el proceso legislativo.
• Fortalecer al Congreso Nacional en su rol colegislador y de formulador de políticas públicas -a través de la creación de la Oficina de Finanzas Públicas y Evaluación de Impacto Regulatorio en el Congreso.
• Y establecer criterios más estrictos para la formación de partidos políticos, tanto a nivel del número de firmas exigidas, como en lo que se refiere al fomento de proyectos políticos integrales, con presencia nacional y arraigo territorial.

Como en el caso del proyecto de ley que se discute, no son propuestas perfectas ni las únicas que pueden fortalecer nuestro sistema político y gobernabilidad -como yo misma indiqué en una columna previa-, sin embargo, pone la pelota contra el piso y busca que voces de distintos sectores y profesiones, hayan podido conversar, deliberar, acordar y priorizar, en un tema que requiere una mirada transversal y de largo plazo.

Es de esperar que, a pesar de ser un año electoral y de que algunos partidos que hoy están en el Congreso puedan verse afectados, se discuta con altura de mira y sentido de urgencia estas temáticas. Necesitamos partidos e instituciones políticas confiables, legítimas y valoradas por la ciudadanía y que sean capaces de procesar y resolver las múltiples demandas y preocupaciones que las personas tienen.