Reforma urgente

Todos saben que la medida más eficaz contra la fragmentación es la prohibición de los pactos electorales, que obliga a cada fuerza política a competir ante la ciudadanía con sus candidaturas y sus propuestas, forzando a todos a converger en grandes partidos que representen las corrientes de opinión realmente existentes. Si esto se aprobara hoy, debería ser para regir la próxima elección parlamentaria, la de 2029, porque no es razonable cambiar las reglas del juego en la víspera de una elección.

Tampoco es razonable cambiar las reglas de la próxima elección, que es en poco más de 4 meses, legislando para excluir del congreso a quienes hayan obtenido apoyo popular para ser representantes de sus distritos, pero no pertenezcan a partidos que obtengan más el 5% de los votos nacionales.

Sin embargo, debemos evitar que se mantengan los dos problemas principales de la representación parlamentaria actual, que son la excesiva fragmentación política que permite más de 17 partidos representados hoy en el congreso y que más de 40 de los 155 diputados sean independientes sin partido, dificultando severamente la construcción de acuerdos y la gobernabilidad.

Hasta 1970 regía en Chile la prohibición de pactos electorales, lo que explica que a pesar de distritos de gran tamaño (hasta 18 escaños elegía la agrupación distrital n°1), había sólo 5 partidos representados en el congreso. Era difícil sobrevivir fuera de los partidos que representaban a las grandes corrientes de opinión nacionales (DC, Nacionales, Socialistas, Comunistas y Radicales), como hoy, donde pequeñas formaciones políticas detrás de un caudillo sobreviven al alero de los pactos electorales.

Si se establece la prohibición de pactos electorales para 2029, se producirá naturalmente la convergencia de los distintos partidos, de manera que haya en Chile una gran fuerza de izquierda, otra de centroizquierda reformista, una de centroderecha y otra de derecha radical, y probablemente una fuerza de centro, es decir, cuatro o cinco grandes formaciones políticas que tengan correlato en la sociedad en lugar de la realidad fragmentada de hoy, donde la existencia de los partidos se explica más por la necesidad de sus caudillos que por sus ideas.

Los senadores proponen que las candidaturas a diputado electas por voto popular que no pertenezcan a partidos que nacionalmente superen el 5% de los votos dejen su lugar a candidaturas perdedoras en las urnas que sí formen parte de partidos que cumplan el requisito exigido de votación nacional. Esto va contra la voluntad popular, le mete mucho más que la mano a la urna, pues las personas en Chile votan por personas determinadas, no corresponde alterar la voluntad popular dejando fuera a alguien que ganó para que entre alguien que perdió solamente por el hecho de pertenecer a un partido grande.

Lo que proponemos para reducir la fragmentación es más simple y no altera la voluntad popular. Establezcamos simplemente que todo aquel electo en estas elecciones en calidad de independiente o que pierda la calidad de militante porque su partido no cumplió el requisito de votación para mantenerse vigente, deba elegir una bancada al ingresar al Senado o a la Cámara de Diputados, debiendo mantenerse en ella durante el periodo legislativo de cuatro años.

Si a eso le agregamos lo que propone el ministro Elizalde, de elevar las exigencias para inscribir partidos políticos de 0,25 al 0,5% de los votos válidos de la última elección, como era antes, reduciremos significativamente el número de interlocutores en el congreso.

Por supuesto, esto adquiere sentido si establecemos normas que incentiven el comportamiento colectivo, como la obligación a seguir las decisiones de bancada cuando éstas han sido tomadas democráticamente por más de dos tercios de sus integrantes, y la reasignación de los recursos para asesorías desde los diputados a las bancadas.

Queda muy poco para la fecha límite de la inscripción de las candidaturas presidenciales y parlamentarias el 18 de agosto. Son sólo diez semanas. Suficientes para establecer la prohibición de pactos electorales parlamentarios para la elección de 2029, la obligación de elegir residencia en una bancada de todos los independientes electos y de quienes queden en esa condición por la desaparición legal de sus partidos, y una norma que establezca la instrucción de bancada cuando en temas legislativos el debate democrático ha resuelto por dos tercios una determinada orientación.

La fragmentación en un excesivo número de partidos y la proliferación de parlamentarios independientes es un problema que debemos resolver cualquiera sea la orientación del gobierno que viene. Estas medidas simples e indoloras tendrían efecto inmediato en la reducción de bancadas y en el comportamiento colectivo de los parlamentarios. Así podríamos esperar el efecto de la prohibición de pactos parlamentarios, que alentaría la convergencia en el periodo legislativo venidero en grandes formaciones políticas que se correspondan con las corrientes de la sociedad chilena.